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San Miguel de Tucumán – En una conferencia de prensa reciente, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, presentó un balance del primer semestre de 2025 en materia de seguridad, destacando una disminución significativa en los índices de homicidios y robos. Las cifras son, sin duda, un motivo de alivio para la provincia: una reducción del 30% en homicidios (pasando de 28 a 19 casos) y una caída del 50% en robos en comparación con el mismo período del año anterior. Estos números, de ser sostenibles, sugieren un cambio de tendencia que merece un análisis detallado.
La explicación del primer mandatario es clara y directa: estos logros no son producto de la casualidad, sino de una "firme decisión política" de fortalecer a la Policía de Tucumán y de impulsar una robusta política carcelaria. El mensaje es de contundencia. El equipamiento policial, la capacitación constante, el respaldo al Poder Judicial y, de manera crucial, la creación de nuevas plazas penitenciarias, son los pilares de esta estrategia.
El jefe de la Policía, Joaquín Girvau Olleta, complementó esta visión, asegurando que no hay "tibieza en esta policía" y que actúan con firmeza. La mención del operativo Lapacho en fronteras interprovinciales y el récord de allanamientos en la lucha contra el narcotráfico, financiados con fondos provinciales, refuerzan la imagen de una fuerza proactiva y equipada. La frase "el delincuente sabe que con esta policía no se juega" resume el tono de autoridad que se busca transmitir.
Un punto central en la exposición del Gobernador fue la política carcelaria. Jaldo anticipó la culminación del complejo penitenciario de Benjamín Paz, que sumará 1.600 plazas, y la cárcel de mujeres de Delfín Gallo con capacidad para 200 detenidas, además de la alcaldía de Las Talitas. En total, se proyectan 2.000 nuevas plazas en establecimientos penitenciarios. Este énfasis en la infraestructura carcelaria subraya la convicción de que una política de seguridad efectiva requiere la capacidad de alojar a los detenidos.
Otro factor clave mencionado fue la aplicación de la Ley de Narcomenudeo desde noviembre de 2023. Las cifras son elocuentes: 2.900 delincuentes detenidos por tráfico de drogas a menor escala y 400 ya condenados. Esta ley, que habilita a la policía provincial a actuar en un ámbito que antes estaba mayormente restringido a fuerzas federales, es presentada como un éxito en la lucha contra la "comercialización de droga en menor escala".
Opinión y Perspectiva:
Si bien las cifras presentadas por el Gobernador Jaldo son alentadoras y reflejan un esfuerzo tangible en materia de seguridad, es fundamental analizarlas con una perspectiva crítica y cautelosa. La disminución de homicidios y robos es una excelente noticia y, si se mantiene, representa un impacto positivo directo en la vida de los tucumanos. El reconocimiento de que "mientras muera un tucumano claro que nos preocupa" muestra una sensibilidad necesaria, a pesar de los porcentajes.
La estrategia de "mano dura" y el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria parecen ser los pilares sobre los que se asienta este éxito inicial. Sin embargo, la experiencia de otras jurisdicciones enseña que la seguridad es un fenómeno complejo que no se resuelve únicamente con más cárceles y mayor presencia policial. Si bien son componentes esenciales, también es crucial abordar las causas estructurales del delito, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la educación. No se mencionó explícitamente en la conferencia de prensa cómo estas problemáticas son abordadas de forma transversal en la política de seguridad.
La efectividad de la Ley de Narcomenudeo es notoria en las cifras de detenciones y condenas. Es vital que esta herramienta legal sea utilizada con transparencia y sin abusos, garantizando siempre el debido proceso y los derechos humanos. El desafío reside no solo en detener, sino también en desarticular las redes de microtráfico y evitar que el vacío sea rápidamente ocupado por otras.
En conclusión, la conferencia de prensa del gobernador Osvaldo Jaldo presenta un panorama prometedor en la lucha contra el delito en Tucumán. Los datos son contundentes y la decisión política de invertir en seguridad es clara. El reto a futuro será sostener estas mejoras, profundizando no solo en la represión del delito, sino también en la prevención y en la atención de las raíces de la criminalidad, para asegurar un bienestar duradero para todos los tucumanos.
