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Santiago del Estero - En una ofensiva judicial y territorial sin precedentes, el Gobierno de Santiago del Estero, a través de la Fiscalía de Estado, encabezó un megaoperativo exitoso contra la ocupación ilegal de tierras fiscales. Liderado por el Fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate Costa, este despliegue coordinado cubrió más de 30.000 hectáreas en tierra y 1.000.000 de hectáreas en sobrevuelo, ejecutando desalojos simultáneos y notificaciones judiciales.
El operativo se llevó a cabo entre el 11 y 13 de junio en los departamentos de Copo, Alberdi y Moreno, abarcando localidades como Colonia 19, Ahí Veremos, Colonia Sachayoj, Pampa de los Guanacos, Pirpintos, Colonia El 87, Sobrante del Desierto, El Desierto, Caburé Norte y Los Tigres. En estas zonas, se constató la presencia de ocupantes ilegales que venían explotando indebidamente el patrimonio provincial.
La clave del éxito de este megaoperativo residió en la coordinación de un equipo interdisciplinario. Asesores de la Dirección de Tierras Bosques y Medio Ambiente, como Andrea Olmedo, Rodrigo Martorell, Andrea Achari, Carolina Billoud, René Alderete, Cristian Martínez López, Sebastián Matach y Matías De la Rua, trabajaron de manera diagramada y coordinada.
El despliegue contó con la participación conjunta de la Policía de la Provincia, autoridades judiciales, la Dirección de Tierras, Vialidad Provincial y Aviación Civil, lo que permitió un accionar de alto impacto. "Son jornadas muy intensas de trabajo, agradezco al personal de todas las áreas presentes por su vocación y por la efectividad en su rol", subrayó Abate Costa.
El Fiscal de Estado destacó que las metodologías de los usurpadores han evolucionado, volviéndose más sofisticadas: "sus metodologías han cambiado, desbaratan, crean otro, vuelven al anterior y así constantemente". Sin embargo, la fuerza policial, utilizando nuevas tecnologías, mejoró la comunicación entre los distintos equipos, permitiendo el "efecto sorpresa" y actuando "de manera simultánea en distintos puntos" para detectar in fraganti a quienes explotaban ilegalmente los recursos.
Con este golpe, el Estado Provincial reafirma su compromiso indeclinable con la defensa del patrimonio de todos los santiagueños. Abate Costa recordó que en 2023 ya se recuperaron 20.000 hectáreas, y a partir de ello, se presentó un proyecto para transformar esas tierras en un Parque o Reserva de flora y fauna. "Creemos que no falta mucho tiempo para que se eleve a la Cámara de Diputados para sancionar la ley de la creación del Parque Faca, siendo de real valía para la provincia, estableciendo un corredor entre el Parque Nacional Copo y el Parque Provincial Copo", afirmó.
Durante el procedimiento, el Dr. Abate Costa también notificó medidas judiciales de prohibición de explotación sobre numerosos inmuebles fiscales que se encuentran en litigio. Advirtió que todo incumplimiento de estas medidas será perseguido penalmente bajo cargos de desobediencia judicial, haciendo especial hincapié en la prohibición absoluta de deforestación y explotación irracional de los recursos naturales. Esta medida se dirige particularmente a usurpadores con "gran poder económico provenientes de otras provincias (Córdoba, Chaco, Tucumán, Santa Fe), y que cuentan con trilladoras cosechadoras y sembradoras de última generación".
Este accionar marca otro hito en la lucha contra la apropiación ilegal de tierras fiscales, y se enmarca en una política sostenida que incorpora tecnología de punta y tácticas en constante evolución para contrarrestar el accionar cada vez más organizado y planificado de los usurpadores.
La magnitud y la coordinación de este megaoperativo en Santiago del Estero revelan una estrategia provincial robusta y multifacética para combatir la usurpación de tierras fiscales. La intervención no se limita a desalojos puntuales, sino que incorpora tecnología (sobrevuelos), un equipo interdisciplinario y una sólida base legal, lo que sugiere un enfoque integral y bien planificado.
El hecho de que se utilicen propiedades decomisadas al narcotráfico para fines sociales, como el reciente Hogar "Nuevo Nacimiento" en Concepción, demuestra una visión que va más allá de la mera represión. Se busca desfinanciar a las organizaciones criminales y, a su vez, revertir el daño social convirtiendo esos bienes en herramientas para la comunidad. Este es un punto crucial que potencia el impacto de la acción estatal.
La mención de que los usurpadores son "organizados y planificados", y que poseen "gran poder económico provenientes de otras provincias", pone de manifiesto la complejidad del desafío. No se trata de ocupaciones espontáneas, sino de un fenómeno que requiere una respuesta sofisticada y sostenida del Estado. La capacidad de adaptación de los usurpadores, que "desbaratan, crean otro, vuelven al anterior y así constantemente", subraya la necesidad de que las autoridades también evolucionen sus tácticas.
La iniciativa de transformar 20.000 hectáreas recuperadas en el "Parque Faca" es un ejemplo de cómo la lucha contra la usurpación puede ir de la mano con la preservación ambiental y la creación de valor público. Este proyecto no solo protege la flora y fauna, sino que además propone un corredor ecológico, lo que denota una visión de desarrollo sostenible para el patrimonio provincial.
Finalmente, la advertencia penal sobre la prohibición de deforestación y explotación irracional, dirigida especialmente a los usurpadores con recursos y maquinaria pesada, envía un mensaje claro de que no habrá impunidad. El énfasis en la coordinación con la justicia provincial y federal, y la modernización de las técnicas policiales para la "simultaneidad de las notificaciones" y el "efecto sorpresa", demuestran un Estado proactivo y decidido a proteger sus recursos y a sus ciudadanos del crimen organizado. Este tipo de acciones no solo resguardan el patrimonio, sino que también fortalecen la institucionalidad y la percepción de un Estado presente y efectivo.
